Por una nueva Ley del Mecenazgo

Diversas organizaciones del Tercer Sector se han unido para reclamar una reforma de la Ley Mecenazgo, dado que el contexto de crisis actual, está generando un notable incremento de las necesidades sociales, a la vez que se registra una reducción significativa de recursos públicos.

Esta iniciativa común solicita que la futura Ley de Participación Social y Mecenazgo sea una realidad, cuanto antes, ya que el trabajo en favor de los fines de interés general lo requiere urgentemente.

Las entidades sociales consideran que la futura Ley debería contemplar los siguientes puntos: elevar los porcentajes de deducción  en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades por las donaciones y aportaciones a entidades beneficiarias del mecenazgo que realicen particulares y empresas; deducción en la cuota del IRPF del 100% de los donativos que no superen ciertas cuantías; regulación adecuada desde el punto de vista fiscal de las donaciones en especie, particularmente de las donaciones de servicios; equiparación de los incentivos fiscales previstos para los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los de las donaciones puras y simples; y participación del sector de las entidades beneficiarias del mecenazgo en la definición anual de las actividades prioritarias de mecenazgo.

El Sector Fundacional español, está formado por alrededor de 9.500 fundaciones activas; cuenta con unos ingresos de 9.500 millones de euros; emplea entorno a 200.000 trabajadores directos; y representa un 1% del PIB.

El Tercer Sector de Acción Social engloba a unas 30.000 organizaciones no lucrativas. Representa a casi nueve millones de personas. Da empleo a cerca de 500.000 personas, lo que significa un 2,5% del total de empleo en nuestro país.

El Sector de Cooperación al Desarrollo engloba a más de 400 ONGD. Cuenta con un apoyo de más de dos millones de personas; trabaja en más de 120 países en el mundo; da empleo a más de 9.000 personas.

A través de esta demanda el Tercer sector considera necesario apelar a las Administraciones Públicas, para que mantengan la atención a los fines de interés general y, en particular, los fines sociales, como una prioridad, a la que deben seguir destinando recursos públicos. Al mismo tiempo, también defienden impulsar la financiación privada como una forma de fomentar la cohesión social, logrando una mayor participación privada en actividades de interés general y, por consiguiente, generando, fortaleciendo y articulando más la sociedad civil.

Esta reforma es necesaria, teniendo en cuenta que el incremento de las deducciones por las donaciones privadas no sólo posibilita la financiación de las actividades de interés general, sino que genera mayor renta disponible para familias y empresas, susceptible, a su vez, de generar mayor actividad económica.

Asimismo, el coste recaudatorio de los incentivos al mecenazgo se ve compensado con efectos positivos sobre el crecimiento y la producción y el empleo, así como que una mayor recaudación de impuestos directos e indirectos y de contribuciones sociales, pues la rebaja fiscal no repercute totalmente en el déficit público.

Jorge García del Arco, fundador de la plataforma de crowdsourcing social FlipOver.org, revela que España en 2012 atendiendo al PIB nominal se encontraba económicamente en el puesto número 13 (Fuente FMI). Incluso los pronósticos para 2035 la sitúan dentro de las 20 primeras economías del mundo (Fuente: Ernst & Young).  Sin embargo, a nivel de solidaridad, el World Giving Index, en 2012 nos sitúa en el puesto 72 de 145 países que representan el 95% de la población mundial. A su juicio, esta situación se complica con la actual coyuntura, dada la tradicional alta dependencia de las fuentes más importantes de financiación del Tercer Sector, Administración Pública y la Obra social de las cajas de ahorro.

Para compensar este retroceso con la solidaridad ciudadana es necesario un respaldo legal que favorezca las desgravaciones fiscales por las donaciones. Así por ejemplo en Francia  es del 66%, siendo del 100% en Austria, Alemania y Reino Unido. A nivel estatal el derecho a deducir de la cuota íntegra es el 25% de la base, no pudiendo exceder del 10% de la base liquidable del contribuyente. La consecuencia lógica es el mayor número de donantes de los citados países (50,5% de promedio) respecto al 19,4% estatal (Fuente: AEFR). Parece lógica, por tanto, la revisión de la ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades sin fines de lucro y los incentivos fiscales del mecenazgo.